LA UE PRESENTA SU PLAN ENERGÉTICO PARA 2020
- Durao Barroso cifra el proyecto en tres euros semanales por europeo
- Los ecologistas denuncian que los objetivos son arbitrarios
- Las metas quedan por debajo de lo que exigió la UE en Bali
En 2020, España deberá producir el 20% de su energía con el Sol, el viento, el agua o la materia orgánica y tendrá que haber cortado sus emisiones de dióxido de carbono al menos un 10% respecto a 2005, según el plan presentado hoy por la Comisión Europea.
Esto supone doblar el nivel de energía renovable, que ahora apenas supera el 8%, y pasar del aumento controlado de CO2 a una clara reducción.
Según el Protocolo de Kioto, la UE debe rebajar sus gases de efecto invernadero un 8% antes de 2012 en relación a 1990, pero España, por su retraso industrial, puede aumentarlos un 15% -en la actualidad, sin embargo, es el país que más incumple Kioto y ha incremento su producción de dióxido de carbono hasta un 45%.
La receta de la Comisión para la lucha contra el cambio climático es ahora '20-20-20 para 2020': no es una cábala, sino el plan para que los Veintisiete consigan en la próxima década ser más limpios, con un 20% de su energía de fuentes renovables, más eficaces, con un quinto de menos de consumo, y menos contaminantes, con una bajada del 20% las emisiones de dióxido de carbono.
"Estamos encantados del resultado. Hemos podido acordarlo por consenso", ha asegurado en referencia al nuevo plan el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, ante el pleno del Parlamento Europeo, reunido en sesión extraordinaria.
Barroso ha cifrado en 3 euros por ciudadano europeo y semana el coste estimado de las medidas propuestas para hacer frente al cambio climático y la promoción de las energía renovables.
"Es cierto, van a tener un coste, pero es un coste asumible, y tenemos que compararlo con el coste que tendría no hacer nada", ha declarado el presidente de la CE.
Se calcula que el coste anual del proyecto será de 120.000 millones de euros
Según Barroso, si la UE no emprende un plan ambicioso de reducción de las emisiones de efecto invernadero, el coste para los europeos sería de 60 euros por persona a la semana, según los cálculos de la CE.
En marzo de 2007, los líderes de la UE, presididos por la canciller Angela Merkel, se comprometieron a objetivos vinculantes para la lucha contra el cambio climático, pero su desarrollo concreto por sectores y países ha provocado, y seguirá haciéndolo, fuertes presiones de los Estados miembros, para que les toque menos en el reparto de medidas con un coste inmediato anual de unos 120.000 millones de euros, y de los grupos ecologistas, que se quejan de la escasa ambición en Bruselas.
Según el plan, que se presenta hoy y se conoce entre los funcionarios comunitarios como 'el paquete', las industrias más contaminantes, como las eléctricas, las papeleras o las cementeras, estarán obligadas a reducir en toda la UE sus emisiones un 21% respecto a 2005 y a pagar más por sus permisos de contaminación a partir de 2013 (ahora sólo lo hacen si emiten más del tope asignado por la Comisión); el resto de sectores, como el transporte, la agricultura, la construcción o la gestión de basuras, estarán sometidos al máximo paneuropeo del 20%, dividido por países según su riqueza y sus posibilidades.
Además, también se reparte la meta general de lograr que el 20% de la energía provenga del Sol, el viento, el agua o la biomasa (toda materia orgánica). España, según fuentes comunitarias, tiene un objetivo vinculante del 19,5%, es decir unos 11 puntos por encima del nivel actual.
Las industrias más contaminantes tendrán que reducir sus emisiones respecto a 2005
Los países más ricos y que más han desarrollado la tecnología hasta ahora se convertirán en los más limpios, como Suecia, cuya mitad de la energía tendrá que ser renovable –ya roza el 40%-, Dinamarca o Finlandia. Entre los ricos, destaca por su punto de partida tan deficiente, Reino Unido, que deberá llegar sólo al 15% de renovables, porque ahora menos del 2% de su energía deriva de estas fuentes limpias.
Los países del Este son los que, dado su retraso, tendrán las metas más modestas tanto en renovables como en emisiones, aunque a ninguno se le permitirá aumentar sus gases más de un 20% -el caso de los más pobres, Rumanía y Bulgaria. Según el nuevo sistema de comercio de renovables, además, los países que no lleguen a su objetivo, podrán comprar certificados limpios en otros de la UE.
"Si a Luxemburgo, el ejemplo clásico por su tamaño, le sale muy caro instalar un parque eólico, puede gastarse menos financiando la energía renovable en Rumanía", explica un experto comunitario, responsable del 'paquete'. Este sistema, que criticaba España, porque quiere seguir manteniendo su modelo de subvención de las renovables y que la distribución quede en manos del Estado y no las industrias, será optativo.
Críticas británicas
Además, la Comisión añade dos propuestas más polémicas, una directiva para permitir que se filtre el carbón de las emisiones y se entierre bajo el suelo y el fondo marino y el 10% obligatorio de biocombustibles para el transporte, pese a la polémica sobre su eficacia y el impacto en el medioambiente.
La Cámara de los Comunes británica critica en un informe la elección "prematura", vistos "los riesgos medioambientales importantes asociados con las tecnologías actuales". Aunque, la semana pasada, se filtró un informe interno de expertos de la Comisión donde se alertaba de los mismos peligros, el comisario de Energía, Andris Piebalgs, sigue defendiendo la opción, "la única alternativa al petróleo", que produce más CO2 en su extracción y transporte y daña las economías europeas por su precio en ascenso.
Greenpeace se queja de que cuando los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete acordaron, hace casi un año, el objetivo de biocombustibles lo ligaron a que fueran "sostenibles". "Crecen las evidencias de que esta condición no se puede cumplir", escribe el grupo, en un análisis de las propuestas de la Comisión, que exige emplear tipos de biocombustibles que supongan un ahorro "sustancial" de emisiones respecto al petróleo, es decir al menos un 35%. Los ecologistas y el Parlamento Europeo recomiendan, al menos, un 60% para que merezca la pena su uso.
Además, Greenpeace y otras ONG se quejan de que el '20-20-20' es igual de pegadizo que arbitrario, porque los líderes de la UE se comprometieron a rebajar al menos un 30% las emisiones de efecto invernadero si había un acuerdo global para 2012, cuando caduca el Protocolo de Kioto. Las metas de la UE ahora quedan lejos de los recortes barajados en la conferencia mundial sobre el cambio climático en Bali, en diciembre, entre el 25% y 40%.
"Los actuales cálculos concentrados en un 20% de recorte de emisiones significarán que Europa ha abandonado su objetivo de mantener el aumento de la temperatura por debajo de los dos grados centígrados a los que se comprometió", asegura Alexander Woollcombe, portavoz de Oxfam.
